Los problemas de Gendarmería de Chile son abundantes. A los cuestionamientos sistemáticos sobre el control efectivo en las cárceles, las pérdidas de armamento por parte de funcionarios, los conflictos entre las asociaciones gremiales armadas, las presiones para traslados de oficiales que denuncian actos delictivos o administrativos de gendarmes, ahora se suma un nuevo escándalo en sus filas.
El lunes, once funcionarios de Gendarmería fueron desvinculados de la institución por decisión del director nacional, coronel Sebastián Urra Palma, tras concluir un sumario administrativo en su contra.
Esta medida, poco común en la actual administración de Gendarmería, elevó la tensión y desencadenó una huelga de hambre por parte de los expulsados, que comenzó el martes 12 de marzo. Incluso, grabaron videos a través de WhatsApp solicitando apoyo para evitar su salida de la institución.
Sin embargo, Radio Bío Bío obtuvo información que detalla que los huelguistas recibieron vacaciones.
Por instrucción del alcaide subrogante del penal Santiago 1, comandante José Quijada, simplemente se les otorgaron vacaciones a los funcionarios en huelga. Es decir, se arregló administrativamente todo antes de su expulsión, para que en el sistema de sueldos aparezcan como “feriado legal”, mientras se cursa la toma de razón en Contraloría General de la República.
Los gendarmes objeto de expulsión fueron investigados luego de descubrirse que participaron en una fiesta dentro de las casas fiscales del penal Santiago 1, que incluyó asado, bebidas alcohólicas e incluso drogas.
Tras ser notificados de la medida disciplinaria, firmada por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, iniciaron la huelga de hambre, acusando irregularidades en el sumario y cuestionando la sanción que consideraron “drástica”.
El problema, según quienes están al tanto de la situación en Gendarmería, es que entre los funcionarios sancionados se encuentran miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), quienes se solidarizaron y rechazaron la dura medida tomada por la institución bajo la dirección del coronel Sebastián Urra.
